La autoridad italiana de protección de datos, el Garante per la protezione dei dati personali (la autoridad nacional de protección de datos), multó a Meta Platforms Ireland con 805 millones de euros por acceder a fotos, vídeos y metadatos guardados en los móviles Android de usuarios de Facebook en Italia sin pedir consentimiento específico y sin informar con claridad de lo que hacía. La decisión se publicó en Roma el sábado 14 de noviembre y afecta a cerca de 20 millones de personas.
La cifra equivale al 0,47% de la facturación mundial del grupo, según el propio Garante.
La función en cuestión
La investigación se refiere a una función disponible desde 2023 en la aplicación de Facebook para Android: mientras la persona navega, la aplicación sugiere fotos y vídeos de la galería del teléfono como ideas de publicación. La función venía activada por defecto.
Para la autoridad, el problema no está en la sugerencia en sí, sino en cómo se obtuvo la autorización. El acceso a la galería se concedía mediante un permiso único, que cubría toda la aplicación y varias funciones sin relación entre sí, precedido de un aviso genérico sobre "activar otras funciones" que no mencionaba la lectura de las imágenes del aparato. Concedido el permiso, la aplicación puede leer la biblioteca entera de forma continuada, sin que el usuario, ni la propia autoridad, pueda verificar qué se utiliza en realidad.
La indagación comenzó en julio de 2025, a partir de una denuncia del Centro de Protección al Consumidor de Bolzano, e incluyó un análisis técnico realizado por el Garante.
La base legal no es el RGPD
La multa no se impuso con base en el Reglamento General de Protección de Datos, sino en el artículo 122 del Código de Privacidad italiano, que transpone la directiva europea ePrivacy. La norma trata el móvil como parte de la esfera privada de la persona: cualquier acceso al contenido del aparato exige consentimiento libre e informado, con independencia de que los datos se hayan transmitido o de que exista un daño probado.
La distinción tiene efectos prácticos. Meta alegó que el caso debía ser tramitado por la autoridad irlandesa, donde la empresa tiene su sede europea. El Garante rechazó la objeción con el argumento de que las reglas de ePrivacy no prevén el mecanismo de ventanilla única (one-stop-shop) que establece el RGPD, es decir, que cada autoridad nacional puede actuar por su cuenta.
Qué tiene que hacer Meta, y en cuánto tiempo
La decisión fija plazos. En 60 días, la empresa debe pedir el consentimiento mediante un aviso separado y específico para esta función, explicando su finalidad, el acceso a la galería que implica y cómo desactivarla; y debe mantener la función desactivada por defecto, incluso para quienes ya habían concedido el permiso amplio. Si vence el plazo sin adecuación, la función no podrá activarse para usuarios sin consentimiento válido.
Además, Meta tiene 30 días para informar de las medidas iniciadas y 90 días para comunicar las adoptadas.
En el cálculo de la multa pesaron como agravantes el número de personas afectadas, el hecho de que la infracción siga en curso para quienes no actualizaron la aplicación o ya habían dado el permiso, una decisión anterior contra la empresa en 2019 y la cooperación limitada durante la investigación. Como atenuante, el Garante consideró los cambios introducidos tras la denuncia de Bolzano, valorados aun así como tardíos y limitados a quienes actualizan la aplicación.
Lo que quedó fuera
El procedimiento no aborda el uso de ese contenido para entrenar inteligencia artificial, práctica que Meta niega. La autoridad también dejó constancia de que evaluará por separado una función lanzada en 2026 que permite el procesamiento en la nube de contenido de la galería, y que no entró en esta multa.
Consultada, Meta dijo discrepar de la valoración de la autoridad e informó de que recurrirá. Según la empresa, la función "ayuda a las personas a publicar fotos y vídeos en Facebook" y solo opera después de que el usuario concede el permiso en el aparato.
Los 805 millones de euros están entre las mayores sanciones impuestas por el Garante, cuya actuación se ha convertido en uno de los focos de fricción entre las grandes plataformas y los reguladores europeos en la última década.
Con información del Garante per la protezione dei dati personali y de la agencia Anadolu.




