El grupo de diez países que la Organización de Estados Americanos (OEA) formó para buscar una salida política a la crisis de Nicaragua llegó a la mitad de su plazo sin un solo gesto público de Managua. La primera ventana de 30 días se cerró este mes, y el margen máximo fijado en la resolución —60 días desde su aprobación, el 2 de octubre de 2026— vence a comienzos de diciembre.
Diez países y un reloj
El Grupo Ministerial de Seguimiento quedó integrado el 3 de noviembre de 2026 por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Su encargo es buscar un diálogo "rápido y directo" con el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y, al final del plazo, llevar recomendaciones a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
Esas recomendaciones, según la resolución, sólo pueden abarcar acciones diplomáticas y jurídicas amparadas en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos de derechos humanos: queda excluido el uso de la fuerza.
Hasta ahora ningún funcionario del grupo ha informado de un paso concreto ni de una señal de apertura desde Managua.
Qué pide el grupo
La lista de exigencias que acompaña el mandato es conocida y no ha variado: liberación de los presos políticos, fin de lo que la oposición describe como un estado policial, anulación de las desnacionalizaciones, devolución de los bienes confiscados y garantías para elecciones libres con participación de la oposición.
El origen: "no habrá más elecciones"
La OEA se movió después de que Ortega afirmara, el 19 de julio de 2026, que en Nicaragua no habría más elecciones. El Gobierno impulsó luego una reforma constitucional que impide postularse a quienes considera "traidores a la patria", una categoría que en la práctica alcanza a sus opositores.
El obstáculo de fondo es que Ortega y Murillo no reconocen al organismo, por lo que los analistas consultados dan por descontado que la delegación ni siquiera será recibida en el país.
Las dudas de los analistas
Carlos Murillo, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), ve poco margen para que el grupo logre restablecer la democracia o unas elecciones con oposición, y describe al Gobierno sandinista como un "régimen sultánico".
Félix Maradiaga, opositor desnacionalizado, sostiene que la pareja presidencial ha usado el diálogo para ganar tiempo y no cumple sus compromisos; reclama una presión coordinada que incluya la revisión de beneficios comerciales y sanciones selectivas.
Enrique Sáenz, economista, disidente sandinista y exdiputado, resume que Ortega no se moverá "sin presiones reales". Y apunta un dato que debilita al grupo desde dentro de la región: salvo Costa Rica, ningún miembro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se sumó. Faltan El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Panamá —los vecinos inmediatos—, de modo que el peso del grupo recae sobre socios más lejanos y, sobre todo, sobre Estados Unidos, el único con herramientas de presión de peso según Sáenz.
Lo que viene
Cuando el plazo se agote, el grupo deberá presentar sus recomendaciones a los cancilleres. Si Managua mantiene el silencio, la decisión sobre qué hacer con Nicaragua volverá a la mesa que la delegó.
Con información de Despacho 505 y EFE.
